Cristina Gomezjurado es arquitecta de la Universidad San Francisco de Quito y tiene maestría en Gestión Urbana para el Desarrollo, con especialización en desarrollo de suelo, del Institute for Housing and Urban Development Studies de la Universidad Erasmo de Rotterdam de los Países Bajos.
Los casinos físicos en Ecuador están cerrados desde hace más de una década. En 2011, el gobierno realizó un referéndum que concluyó con la prohibición de los juegos de azar en establecimientos físicos. Pero en el mundo digital, las cosas no resultaron tan simples.
La ley no menciona expresamente los juegos en línea. Los operadores locales no pueden ofrecerlos, pero nada impide que los ecuatorianos accedan a sitios de plataformas internacionales. Estas páginas operan con licencias extranjeras, aceptan apuestas en dólares y no están bloqueadas. Así surgió una zona gris: jugar está técnicamente permitido, aunque legalmente no esté claro.
A comienzos de 2024, el presidente Daniel Noboa propuso debatir el regreso de los casinos. Se pensó incluir el tema en una consulta nacional. Los argumentos eran claros: creación de empleos y lucha contra el negocio ilegal. Pero la iniciativa fue cancelada rápidamente. Se consideró que no era el momento adecuado.
Sin embargo, las autoridades encontraron otra forma de recaudar fondos. Desde enero, los jugadores están obligados a pagar un impuesto del 15% sobre sus ganancias en sitios internacionales. El operador extranjero retiene ese monto y lo transfiere al Estado. No se trata de una legalización, sino más bien de un intento por controlar un mercado que oficialmente no existe.
En Perú, los casinos en línea son legales. Cada plataforma debe tener una licencia del Ministerio de Turismo. Esto trajo ingresos al Estado y mayor seguridad para los usuarios. Aparecieron sitios verificados y disminuyeron las estafas. En pocos años, el mercado creció y ahora incluye tanto empresas locales como extranjeras.
Colombia fue aún más lejos. Desde 2016, una ley regula los juegos de azar en línea. Un organismo estatal entrega licencias y supervisa los pagos. El presupuesto nacional aumentó, los jugadores ganaron protección y las empresas, un marco legal claro. Hoy, Colombia es un ejemplo en la región. Muchos países observan su modelo para aplicar reformas similares.
Los usuarios en Ecuador, en cambio, juegan sin ninguna garantía. Si una página se niega a pagar o bloquea una cuenta, no hay a quién reclamar. El Estado no interviene porque el mercado no está oficialmente reconocido. Las plataformas internacionales no tienen oficinas en el país, y por lo tanto, ninguna responsabilidad directa. Y eso que, según datos de un sitio web temático de reseñas de juegos de azar como este sitio web, en Sudamérica operan numerosos casinos online internacionales con buena reputación. Aun así, las leyes locales dificultan su legalización.
El dinero sale del país. La economía nacional no se beneficia y el jugador queda expuesto a los riesgos. A pesar de esto, el interés sigue creciendo. La razón es simple: hay acceso, no hay prohibición clara y la demanda continúa. Los sitios más populares son los que ofrecen interfaz en español y registro rápido.
Por ahora, las autoridades no tienen un plan definido. El intento de reabrir casinos legales fracasó, pero los impuestos del juego online ya están en marcha. Esto podría ser el primer paso hacia una legalización, aunque oficialmente no se ha dicho nada al respecto.
Si Ecuador decide seguir el camino de Perú o Colombia, se abriría el mercado a empresas locales y el Estado podría aumentar sus ingresos. Los jugadores contarían con protección y los fondos se quedarían en el país. Pero mientras tanto, la situación sigue igual. Los casinos online siguen operando como antes: sin licencias, sin control y sin garantías.