Los resultados de la metodología posicionaron la importancia de la transparencia en la agenda pública en, al menos, dos niveles. Por un lado, como un medio, un instrumento que ayuda a la gestión pública a tomar mejores decisiones. Por otro, también se la descubrió como un fin en sí, pues la transparencia garantiza un derecho ciudadano: el acceso a la información pública.
No limitamos nuestra tarea a evaluar el cumplimiento con la ley. También nos propusimos apoyar el fortalecimiento de capacidades necesarias para que las instituciones pudieran mejorar sus niveles de transparencia. En abril del 2005, firmamos el primer convenio de colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas y logramos aumentar sus niveles de transparencia fiscal, que pasaron del 29% al 100%.
En el transcurso de los siguientes años, trabajamos con una decena de actores del sector público para mejorar sus niveles de cumplimiento de la LOTAIP. Poco a poco, las instituciones advirtieron que cumplir la LOTAIP era solamente la punta del iceberg y que era necesario realizar cambios culturales e institucionales.
Con este proceso ratificamos el rol de la sociedad civil para situar temas en la agenda pública y posicionar cambios en la gestión pública, que son clave para el desarrollo del Ecuador.
