Cristina Gomezjurado es arquitecta de la Universidad San Francisco de Quito y tiene maestría en Gestión Urbana para el Desarrollo, con especialización en desarrollo de suelo, del Institute for Housing and Urban Development Studies de la Universidad Erasmo de Rotterdam de los Países Bajos.
Hasta hace poco, las plataformas de apuestas en Ecuador operaban en un entorno de incertidumbre legal. Esto no impedía su crecimiento, pero sí limitaba la capacidad del Estado para controlar y gravar uno de los segmentos más dinámicos de la economía digital.
Ahora, la situación ha comenzado a cambiar para bien. Con la aprobación del Decreto 487, firmado por el presidente Daniel Noboa, las apuestas deportivas pasan a ser una actividad oficialmente regulada. El Estado introduce un sistema de licencias, fija una tasa impositiva y establece mecanismos institucionales de control.
El gobierno no oculta sus objetivos: solo con el sistema de licencias se espera recaudar más de 20 millones de dólares para el presupuesto nacional. Pero no se trata solo de dinero. Lo verdaderamente importante es que las nuevas normas también están diseñadas para dificultar la operación de actores informales y establecer requisitos comunes para todos los participantes del sector.
¿De qué se trata exactamente?
Para operar legalmente, los operadores deberán obtener la Licencia para la Operación de Pronósticos de Eventos Deportivos (LOPD). Este será el único documento oficial que autoriza la actividad de apuestas deportivas dentro del territorio ecuatoriano. Los principales parámetros de la licencia son:
- Emitida por el Ministerio del Deporte;
- Costo: 655 SBU anuales, lo que equivale a 307.850 USD en 2025;
- Vigencia: 5 años, con posibilidad de renovación;
- Pago anual: dentro de los primeros 20 días de cada período fiscal;
- Posibilidad de modificar el costo: a discreción del Ministerio de Finanzas.
Paralelamente, se introduce un impuesto unificado sobre las ganancias del 15 %, calculado sobre los ingresos brutos del operador, descontando los premios pagados. Se trata de una tasa relativamente baja a nivel internacional. Por ello, cabe esperar que marcas líderes en el país —como la aplicación Mostbet descrita en este enlace, o 1win— comiencen pronto a operar de forma completamente legal. No cabe duda de que esto solo aumentará su ya considerable base de usuarios.
La recaudación del impuesto estará a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI), mientras que las normas de licenciamiento serán definidas por el Ministerio del Deporte. Esta cartera tiene exactamente tres meses para hacerlo.
Situación actual del mercado de apuestas deportivas en Ecuador
Según datos oficiales, al momento de aprobarse la reforma había registrados en el censo nacional 65 actores dedicados a las apuestas deportivas. De ellos, 46 eran personas naturales y solo 19 eran empresas. Esta proporción muestra cuán fragmentado estaba el mercado antes de la implementación del sistema de licencias.
Otro dato interesante: dos de las empresas registradas son extranjeras. Se trata de Logflex MT Limited (Novibet) y Kaizen Gaming International (Betano). Ambas operan en varios países y ahora están apostando por el mercado ecuatoriano.
Algunos creen que la llegada de operadores internacionales aumentará la competencia y elevará los estándares del sector. Otros advierten sobre posibles riesgos: desde presión sobre los actores locales hasta la necesidad de adaptar la regulación a prácticas internacionales. Si Ecuador logrará mantener el equilibrio entre apertura y control —eso solo lo dirá el tiempo.
Nuevos requisitos para las casas de apuestas con licencia
Tras la publicación del decreto, todos los actores del mercado disponen de tres meses para adecuar sus operaciones a las nuevas normativas. Esto no solo implica obtener la licencia, sino también reorganizar toda la estructura operativa.
Retrasarse saldrá caro: las empresas que no hayan tramitado su licencia no podrán seguir operando en territorio ecuatoriano. Las autoridades lo han dejado claro: no habrá excepciones. Todo debe ser transparente, verificable y fiscalmente eficiente.
En este contexto, las opiniones están divididas. Algunos expertos sostienen que las reformas eran necesarias desde hace tiempo y que, por fin, el Estado está actuando. Otros advierten que un plazo de adaptación tan corto podría provocar la salida de varios operadores del mercado. Y es una pregunta legítima: ¿invertiría usted 300.000 dólares en una licencia sin saber quién quedará en el juego dentro de seis meses?