Informe de Comisión para la Educación de Calidad para Todos

A finales del mes de agosto, Diálogo Interamericano lanzó el informe Construyendo una educación de calidad: un pacto con el futuro de América Latina.

 

El informe es el resultado del trabajo de la Comisión para la Educación de Calidad para Todos y concluye que los niños y jóvenes latinoamericanos no están aprendiendo a niveles aceptables, distanciando a la región con respecto al resto del mundo desarrollado y emergente.

 

Actualmente la Comisión es presidida por los ex presidentes Ernesto Zedillo de México y Ricardo Lagos de Chile e integrada por doce líderes latinoamericanos entre los que se encuentran Cláudia Costin, Directora Senior de Educación, Banco Mundial (Brasil), Sergio Fajardo, Gobernador, Antioquia (Colombia), Claudio X. González, Presidente, Mexicanos Primero (México), Emiliana Vegas, Jefa de la División de Educación, BID (Venezuela), Ariel Fiszbein, Director Ejecutivo de la Comisión (Argentina) entre otros.

  

Áreas de acción y un pacto social por la educación de calidad

Los resultados se encuentran desarrollados bajo seis áreas de acción para mejorar la calidad educativa: (1) la educación temprana, (2) la excelencia docente, (3) la evaluación de aprendizajes, (4) las nuevas tecnologías, (5) la relevancia de la educación y (6) el financiamiento sustentable.

  

“El pacto social necesario para mejorar la calidad de la educación requiere acciones en tres frentes: metas que sirvan de guía y orientación, liderazgo comprometido con esas metas para transformar ideas en realidades, y mecanismos de participación social que garanticen la sostenibilidad de esos esfuerzos” (pág. 159). En otras palabras las líneas de acción, requieren establecer mecanismos que aseguren que esos acuerdos van a traducirse en acciones concretas que se sostendrán en el tiempo.

 Para el caso de Ecuador, Adriana Arellano, Directora de Investigación y Orazio Bellettini, Director Ejecutivo de Grupo FARO, son citados en el documento. En este se reconoce la aprobación del Pacto Decenal de Educación (PDE) como un mecanismo de participación social, en el que a través de un referéndum se le dio legitimidad social al acuerdo y se minimizó la oposición de partidos políticos y sindicatos (Bellettini y Arellano, 2014) y cuyo monitoreo y cumplimiento de metas acordadas estuvo bajo un consorcio con múltiples  actores independientes liderado por Grupo FARO.

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